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El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) reclama que el coste de las pruebas diagnósticas para personas con diversidad funcional se asumao por las diferentes Administraciones.
Las personas con diversidad funcional atendidas en centros, residencias y hogares y los profesionales que trabajan en los mismos, son un grupo especialmente expuesto y propenso al contagio. Es de «interés público sanitario», señala el CERMI, que se conozca su situación de salud con la realización «universal» de las pruebas diagnósticas pertinentes.
El comité especifica que “en unas pocas el coste de estas pruebas corre a cargo de la Administración sanitaria o social competente, pero en la mayor parte de los territorios este debe ser asumido por la organización social que gestiona el recurso, o por la propia persona con discapacidad o su familia”.
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