El Consejo de Ministros aprueba una reforma para eliminar la “incapacitación judicial” que es sustituida por el reconocimiento de la “discapacidad”. Por lo tanto, las personas así reconocidas, pasan a ser objeto de políticas de apoyo para que se desempeñen ante la justicia civil y penal.
Este pasado martes el ministro de Justicia ha hecho hincapié en que este cambio de paradigma jurídico supone un avance en el respeto a los derechos de las personas discapacitadas, que pasan a recuperar la condición de sujetos de pleno derecho.
